La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo entrará en vigor mañana tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, algunas medidas contempladas en la ley no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2018.
Entre éstas últimas se encuentran la ampliación a un año de la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos, el aumento de las bonificaciones de la tarifa plana hasta los 24 meses (los seis meses siguientes a los doce meses de la tarifa de 50 euros habrá una bonificación del 50%, que será del 30% en los últimos seis meses), y la reducción a la mitad de los recargos por retraso en los pagos a la Seguridad Social.
Así, en materia de Seguridad Social, hay que ser conscientes de las singularidades del trabajador autónomo: por ejemplo, sus ingresos no son fijos, son inciertos y variables en el tiempo, como lo es su actividad. Por tanto, sus obligaciones con la Seguridad Social han de adecuarse a esas circunstancias con objeto de facilitar la cotización a la Seguridad Social y reducir sus cargas administrativas en la materia, desde un planteamiento que garantice la pervivencia de la actividad emprendedora.
También entrarán en vigor el 1 de enero de 2018 las deducciones en el IRPF por seguros de enfermedad, por los gastos de suministro de agua, luz, electricidad y telefonía para la vivienda habitual si el autónomo trabaja desde casa (deducción del 30%), y por los gastos de manutención. Las deducciones por este último concepto serán de hasta 26,67 euros diarios cuando estos pagos se realicen de forma electrónica en establecimientos de hostelería y restauración, y de hasta 48,08 euros diarios en el caso de que sea en el extranjero.
Otro aspecto de esta ley que surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018 son los cambios en las altas y bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
Así, de acuerdo con esta nueva norma, los autónomos podrán cambiar de base cuatro veces al año en lugar de las dos actuales y las bajas y altas en el RETA se podrían realizar hasta tres veces al año, siendo efectivas en el día realizado. De esta forma, únicamente se pagará la cuota de los días en los que el autónomo esté dado de alta y no el mes completo.
La base mínima de cotización para los autónomos que cuenten con diez o más trabajadores contratados será fijada específicamente cada año en la ley de Presupuestos Generales del Estado, en vez de estar vinculada a la base de cotización de los trabajadores del Régimen General.
Esta reforma, promovida por Ciudadanos, fue aprobada por el Congreso el pasado 29 de junio. El Senado dio el visto bueno a la ley el pasado 11 de octubre y ya sólo quedaba su publicación en el BOE para ponerse en marcha.
Descuentos por maternidad
La Ley de Reformas del Trabajo Autónomo incluye medidas para aumentar la protección social de los autónomos, extendiendo las bonificaciones del 100% de la base de cotización para los autónomos durante las bajas de maternidad, paternidad, adopción, acogida y riesgo durante el embarazo o lactancia, sin necesidad de que tengan que ser sustituidos por otro trabajador.
Asimismo, esta bonificación será compatible con las bonificaciones aplicables a los contratos con personas desempleadas que sustituyan a trabajadores autónomos durante estos períodos de descanso.
Para las mujeres que hayan cesado su actividad y vuelvan tras la baja de maternidad, adopción, guarda, acogida o tutela, la tarifa de cotización será de 50 euros al mes durante el primer año o una bonificación del 80% sobre la cuota por contingencias comunes en los supuestos de que tengan otras bases de cotización.
Hasta cuatro años para convertir bonificaciones en reducciones
En una de las disposiciones adicionales de esta ley, aparece una de las medidas que el Gobierno anunció en su día para aliviar las cuentas de la Seguridad Social: la conversión de bonificaciones en reducciones de cuotas. La norma establece un plazo máximo de cuatro años para realizar esta conversión, que será progresiva, y siempre que el presupuesto del SEPE pueda asumirlo.
Las reducciones de cotizaciones a la Seguridad Social o tarifas planas se financian con cargo al Presupuesto de la Seguridad Social, por lo que el sistema pierde ingresos por esta vía, mientras que las bonificaciones son soportadas por el Estado a través del presupuesto del Servicio Público de Empleo (SEPE).
Si las reducciones pasan a convertirse en bonificaciones, el importe de las mismas lo financiaría el Estado a través del SEPE y éste se ingresaría en la caja de la Seguridad Social. En Empleo calculan que serían unos 1.900 millones de euros.
Fuentes:
www.cuatro.com (Ver artículo)
www.boe.es (Ver artículo)
